El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué destacó que en México habitan más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas o afrodescendientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de esa cantidad, más de 50 por ciento coincide en que la discriminación que padecen debe ser reconocida como un problema social y que merece una respuesta puntual.
Manifestó que, aunque los proyectos de infraestructura en México son considerados el “motor” del crecimiento, desarrollo y bienestar del país, no se puede pasar por alto a la gente cuyo entorno se ve afectado por estas obras, particularmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Dejó en claro que, si bien se han implementado en los últimos años consultas públicas previas al desarrollo de proyectos para conocer todas las voces de la sociedad, éstas no son obligatorias y, en algunos ejercicios de transparencia, se “obvian” a estos sectores que reiteradamente han expresado su deseo de opinar respecto a los planes que se vayan a implementar en sus territorios.
Ante este vacío legal, el legislador del Partido Verde presentó en la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de incluir en el artículo 34, la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de implementar una consulta pública a comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, previo a que se implementen proyectos de infraestructura en las áreas y lugares donde habitan.
La iniciativa, turnada para su análisis a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, busca garantizar y promover el respeto a los derechos de estos grupos sociales, como el derecho a la no discriminación, a la cultura, a la historia y, no menos importante, a la libre determinación.
Por ejemplo, los grupos indígenas y afrodescendientes podrán conocer los efectos laterales de un proyecto de infraestructura, como el impacto ambiental, desequilibrio ecológico o daño a la salud pública, además de información y aspectos técnicos que les sean relevantes para tomar una decisión.
El senador también precisó que con su propuesta se fortalece el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha adoptado, entre ellos el objetivo número 10 de la Agenda 2030, relativo a la disminución de la desigualdad.
“En el Partido Verde reconocemos que las consultas son un acto de justicia, un paso crucial para el desarrollo de la democracia y la inclusión, por lo que al integrar la perspectiva de estas comunidades se promueve una visión integral que contribuye al respeto de los pueblos originarios”, concluyó Bolaños-Cacho.
